El gobierno neoliberal de Zapatero baraja privatizar ferrocarriles, estaciones y televisiones


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Tras AENA y loterías, el Gobierno posee informes internos para acometer la venta de ferrocarriles, la gestión privada de las estaciones de tren y cambios en el modelo de radiodifusión pública…

La crisis económica, con la consecuente derogación del gobierno español elegido en las urnas, y la imposición de facto de la UE, el FMI y la alta burguesía española como gobierno del estado, ha hecho emerger, una vez más, la verdadera cara del PSOE: Zapatero pretende vender, total o parcialmente, todos los entes públicos mínimamente rentables o con expectitivas de poder serlo sobre la base de una buena gestión, mediante procesos de privatización. El expolio al patrimonio de todos los ciudadanos españolas, tiene pinta de que va a ser descomunal.

Por el momento, el Gobierno ya ha otorgado luz verde a la venta del 49% de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y al 30% de Loterías y Apuestas del Estado (LAE, que incluye Lotería Nacional, La Primitiva, La Quiniela, Bonoloto o Euromillones, entre otras apuestas). Con ambas operaciones, el Gobierno prevé ingresar cerca de 14.000 millones de euros.

Por otro lado, si bien no son empresas públicas en sentido estricto, PSOE y PP alcanzaron un acuerdo para acometer la privatización (total o parcial) de las cajas de ahorro.

Sin embargo, tales medidas bien podrían no ser las únicas. El Gobierno posee diversos informes internos sobre la posible privatización de ferrocarriles, estaciones de tren y televisiones públicas. El Ejecutivo socialista solicitó dichos estudios al Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) en 2009, según recoge su último Informe de Actividades. Es decir, el Gobierno baraja tales privatizaciones, ya que encargó informes concretos al respecto.

La función del CCP consiste, precisamente, en asesorar sobre la “privatización de empresas públicas así como en aspectos relacionados con su eficiencia”, y sus recomendaciones se realizan por encargo del Gobierno. Así, el CCP admite que los informes realizados “respondían a consultas previas que se plantean en relación con procesos de privatización que están en marcha o que se prevén en el futuro”.

Entre los seis “informes sectoriales” elaborados el pasado ejercicio destacan, sobre todo, cuatro: “sector aeroportuario español” (Aena), cuya privatización parcial ya está en marcha; la “privatización y competencia en el transporte de pasajeros por ferrocarril”; “desarrollo de estaciones ferroviarias”; y “televisiones públicas”.

De este modo, el Gobierno amplía el abanico de entes públicos susceptible de ser privatizados en el futuro. No va a quedar una sola empresa pública rentable en manos del estado. Todo habrá quedado repartido en manos de intereses privados, ajenos a los intereses de las clases trabajadoras, y preocupados únicamente por maximizar sus beneficios.

Por otro lado, el Estado aún conserva en su poder participaciones en empresas cotizadas en bolsa por un valor superior a los 2.000 millones de euros. El proceso de privatizaciones emprendidas desde 1992 ha aportado a las arcas públicas unos ingresos de 42.164 millones de euros. El dinero ya nadie sabe dónde ha ido a parar, pero, lo que es seguro, es que todas esas empresas (véase Telefónica, Repsol, y similares) son ahora un suculento negocio en manos de sus accionistas privados, y un lejano recuerdo para los ciudadanos, acosados por el paro, los recortes de derechos sociales y laborales, y, por supuesto, sin un sólo beneficio que llevarse a la boca de todas aquellas privatizaciones, y las que están por venir.

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