En defensa del sistema público de pensiones: ni recortes ni privatización, basta de concesiones al capital


El problema “demográfico”y la viabilidad del sistema según los neoliberales

Gobierno, sindicatos mayoritarios y patronal han aprobado una reforma del Sistema Público de pensiones con el argumento de que es necesario garantizar la viabilidad del sistema a largo plazo, en peligro como consecuencia del incremento de la esperanza de vida. Es decir, se asumen el argumento de los neoliberales1 que argumentan que las causas que exigen la reforma son “demográficas”.

La mayor esperanza de vida, argumentan, hace que cada vez haya un mayor porcentaje de la población será pensionista y, por tanto, se reducirá el número de trabajadores por cada pensionista. De esta manera, un trabajador tendrá que soportar una mayor carga en sus cotizaciones a la Seguridad Social para poder mantener las pensiones de los que estén jubilados. Por tanto, el sistema será “insostenible”.

Las propuestas neoliberales

Para garantizar la “viabilidad” del sistema público de pensiones han aprobado una reducción del gasto en pensiones mediante dos vías: la reducción de la cantidad de pensión a percibir y la reducción del número de años en los cuales se percibirá la pensión. Es decir, pretenden fortalecer el sistema básicamente incidiendo sobre los gastos y no sobre los ingresos.

La principal medida al respecto es el incremento del periodo de tiempo para realizar el cálculo de la edad de jubilación, actualmente situado en los últimos 15 años y que progresivamente se va a incrementar hasta los 25 años, si bien el objetivo final de los neoliberales sería que se calculase sobre el conjunto de la vida laboral. Cada año de ampliación supone un recorte del gasto en pensiones equivalente al 0,2% del PIB.

Otra medida importante sería el incremento del número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, actualmente situada en 35 años y que se ha incrementado hasta los 37 (cuando la jubilación se produzca a los 67 años) o 38,5 años (cuando la jubilación se produzca a los 65 años), reduciendo de esta manera las pensiones de muchos trabajadores que no llegarán al máximo fijado.

Una propuesta de los neoliberales que finalmente no ha sido aprobada (al menos por ahora) es el incremento del número de años mínimos para tener derecho a una pensión contributiva, que actualmente es de 15 años, si bien en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, a los que se les aplica un coeficiente reductor, este período exigido alcanza los 20 años. Esta medida negaría el derecho a una pensión contributiva a muchos trabajadores, especialmente mujeres, puesto que las mujeres trabajadoras presentan unos porcentajes de contratación a tiempo parcial muy superiores al de los hombres. Además, el machismo de nuestra sociedad ha hecho que sean muchas las mujeres con vidas laborales (reconocidas) más cortas como consecuencia del cuidado de hijos o familiares dependientes, por lo que estas mujeres trabajadoras tendrían que soportar una nueva discriminación al final de su vida laboral.

La única medida que proponía la Comisión del Pacto de Toledo encaminada a incrementar los ingresos era precisamente la única que prevé un incremento del gasto. Se trata de elevar la base máxima de cotización pero a cambio de elevar también la pensión máxima que puede percibirse, incremento por tanto la desigualdad ya existente entre las pensiones más bajas y las más altas. Sin embargo, nada al respecto se ha aprobado.

El sistema público y los sistemas privados de pensiones, la solidaridad frente a la “capitalización”.

Además del sistema público de pensiones, existen en España planes de pensiones privados, siendo su funcionamiento muy diferente. El sistema público se basa en las cotizaciones obligatorias de empresas y trabajadores en función del salario, de manera que estas cotizaciones dan derecho a percibir una pensión futura. A mayor salario, mayor cotización y mayor pensión en el futuro. Sin embargo, la cantidad percibida no es la misma que la aportada, pudiendo ser menor (por ejemplo, un trabajador que fallece con 64 años habrá estado toda su vida cotizando y no habrá disfrutado de su pensión) o mayor (imaginemos una persona que viva 100 años). Esto se debe a que la base del sistema es la “solidaridad”, de manera que un trabajador tiene la seguridad de que siempre va a tener una cobertura social. Por ejemplo, un trabajador que a los dos años de estar trabajando contrae una enfermedad que le incapacita para trabajar tendrá derecho a percibir una pensión durante toda su vida a pesar de no haber cotizado apenas.

Por el contrario, el sistema privado de pensiones se fundamenta en el capital aportado y no es sino un producto de ahorro financiero. El dinero que aporta un trabajador durante su vida laboral, sumándole (o restándole) la rentabilidad obtenida, será exactamente la cantidad que tendrá derecho a percibir, bien sea de una sola vez o mensualmente. En este caso, si un trabajador ha ingresado 60 mil euros a lo largo de su vida, tendrá derecho a percibir esa cantidad con independencia de que viva hasta los 80 o hasta los 95 años, por lo que cuanto más viva podrá disfrutar de una menor cantidad. Y, por supuesto, el trabajador del ejemplo anterior que contrae una incapacidad laboral en su juventud se queda totalmente desamparado por el sistema privado.

El sistema público tiene un carácter redistributivo que reduce (aunque no elimina) las diferencias salariales. Por el contrario, el sistema privado deja intactas estas desigualdades.

Los planes de pensiones privados: el gran negocio de los bancos

La existencia de planes privados de pensiones permite a las entidades financieras y de seguros obtener enormes plusvalías, al tratarse de un negocio seguro para ellas. Las aportaciones que se realizan van a un fondo de pensiones que las invierte en busca de rentabilidad. La persona que ha realizado la aportación no podrá recuperar su dinero hasta su jubilación (salvo alguna excepción, como enfermedad grave o desempleo de larga duración), lo que garantiza a la entidad gestora del fondo la gestión del dinero durante un largo periodo de tiempo.

Las entidades financieras y de seguros obtienen grandes beneficios debido a las elevadas comisiones que cobran por la gestión. Según Zubiri (2003: 75), en España los costes de administración de los planes individuales de pensiones, como porcentaje del total de aportaciones, alcanza el 37,3%, el más alto de la UE. Además, debido a que los costes de mantener una cuenta de pensiones están en gran parte fijados, recaen con más fuerza sobre las cuentas más pequeñas, las que tienen menos ingresos.

La capitalización de las pensiones públicas: el otro gran negocio

Las entidades financieras desearían una capitalización del fondo de reserva, actualmente cifrado en 62.500 millones de euros, más del 5% del PIB de España. En torno al 90% de este fondo está invertido en deuda pública española, lo que significa que los ahorros de los trabajadores españoles están siendo invertidos en financiar el desarrollo de España lo que a su vez repercute positivamente en los propios trabajadores. Además, se trata de una inversión mucho más segura que la especulación en bolsa que practican los gestores de los fondos privados.

Las entidades financieras querrían sin embargo poder gestionar estos fondos para poder cobrar por ello importantes comisiones. Argumentan que su gestión privada generaría una mayor rentabilidad a este volumen de dinero, es decir, se dedicarían a especular con el dinero en bolsa de manera que los ahorros de los trabajadores en lugar de favorecer el desarrollo del país se dedicaría a financiar a los mismos que presionan para recortar sus derechos. Además, esta inversión sería menos segura, de hecho, en los últimos años las rentabilidades de muchos fondos privados han sido negativas.

Por tanto, cuando los neoliberales defienden la capitalización del fondo de reserva, en realidad lo que están pidiendo es la privatización de su gestión para poder alimentar la especulación y obtener grandes beneficios a costa de las pensiones de los trabajadores. Por ello, es preciso defender la gestión absolutamente pública del fondo de reserva y que sea invertido en deuda pública de España o en otro tipo de inversión que favorezca el desarrollo sostenible del país.

Ahora bien, el verdadero objetivo del poder financiero no es otro que la privatización absoluta de las pensiones públicas, de manera que todos los trabajadores tuviésemos que hacer un plan de pensiones privados para poder tener una jubilación. De esta manera, las pensiones públicas quedarían, como en Estados Unidos, para que los más pobres (los que no han podido hacer aportaciones a su plan privado) pudiesen recibir una miseria y no morirse de hambre.

Trabajador: No te hagas un plan de pensiones, no regales dinero a tu enemigo

Los recortes en el sistema público de pensiones vienen motivados por la presión de las entidades financieras que esperan de esta manera que se incrementen las aportaciones a los planes de pensiones privados. Y es que se lamentan de que en España los trabajadores realizamos muchas menos aportaciones que en otros países, por lo que utilizan la estrategia de generar desconfiar sobre el sistema público para que busquemos una mayor seguridad con el complemento de un plan privado.

La desgravación de las aportaciones realizadas a los planes privados es el señuelo que establece el gobierno para incentivar la inversión en estos planes. De la misma manera que en su momento se alimentó la burbuja inmobiliaria con las desgravaciones a la compra, se utiliza el dinero público para incentivar unas inversiones que únicamente favorecen a los bancos, cajas y aseguradoras.

El funcionamiento de un plan de pensiones privado es como el de cualquier producto de inversión, se realiza una aportación que obtiene una rentabilidad y posteriormente se recupera la inversión inicial más (o menos) la rentabilidad obtenida y menos las comisiones cobradas por la entidad. En este caso, la salvedad es que no se puede recuperar la inversión hasta que no se jubila el trabajador (salvo alguna excepción como enfermedad grave o desempleo de larga duración), por lo que el capital queda inmovilizado durante un largo periodo de tiempo, lo que supone una importante desventaja respecto al resto de productos de inversión.

La supuesta ventaja es la desgravación de las aportaciones en la declaración de la renta, si bien esta ventaja es sobre todo para las rentas más altas que son las que más pueden desgravar. Ciertamente mientras se realizan aportaciones no se pagan impuestos y además se obtienen desgravaciones, sin embargo, en el momento de recuperar la inversión hay que pagar impuestos por todo el capital aportado y no sólo por los intereses generados (como ocurre con el resto de inversiones). En lugar de pagarse el impuesto a la renta del capital se tributa como rendimiento de trabajo (IRPF). Por tanto, la teórica ventaja de la desgravación no es en la práctica sino un aplazamiento en el pago de impuestos.

Las aportaciones a un plan privado son inversiones que se realizan por lo que pueden generar beneficios o pérdidas, por lo que el riesgo, ausente en el sistema público, aquí está muy presente. A pesar de que los bancos “venden” sus planes de pensiones como “seguros” y “garantizados” lo cierto es que la rentabilidad que dan muchas veces es negativa, es decir, se tienen pérdidas. Pero tener pérdidas no es el único riesgo de un plan privado de pensiones puesto que el riesgo de quiebra es real y puede hacer que nos quedemos sin nuestras aportaciones (en realidad, inversiones).

Otra enorme desventaja es la gran cantidad de comisiones que hay que pagar por gastos administrativos que hace que las rentas más bajas y que realizan aportaciones más pequeñas tengan que pagar un mayor porcentaje en estos conceptos. Esto hace que la rentabilidad de la inversión sea mucho menor.

Por tanto, únicamente le puede resultar “rentable” realizar aportaciones a un plan de pensiones privado a una persona con una elevada renta, mientras que a la inmensa mayoría de los trabajadores nos resulta mucho más rentable que se potencie el sistema público y el dinero que podemos ahorrar tenerlo depositado en otros productos de inversión (como depósitos o letras del tesoro) que sean seguros y que podamos recuperar cuando lo necesitemos.

Desmontando el argumento “demográfico”

El argumento demográfico que plantean los neoliberales no es sino una excusa con la que justificar reformas encaminadas, no a garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sino a favorecer al capital.

El profesor Vicenç Navarro explica muy bien la falacia del argumento neoliberal. En primer lugar, el hecho de que se haya incrementado la esperanza de vida (4 años en los últimos 20 años) se debe en buena parte al efecto demográfico ocasionado por la reducción de la mortalidad infantil, por lo que este incremento de la esperanza de vida no significa que las personas mueran 4 años más tarde, de hecho, descontado el efecto de la natalidad infantil, fallecen de media 2,3 años más tarde.

Es un error suponer que puesto que la población vive más años, tal población puede continuar trabajando después de los 65 años, con la misma capacidad y vitalidad de trabajo que tiene a los 65. Se asume, pues, que al vivir más años la edad de envejecimiento también se retrasa. De ahí que se considere (erróneamente) que si ahora las personas que llegan a los 65 años viven 2,3 años más que hace veinte años, tales personas tendrán 2,3 años más de vida saludable, retrasando la edad de envejecer 2,3 años más. Pero esto desgraciadamente no es así.

Además, este incremento de la esperanza de vida no es igualitario sino que depende de la clase social, de manera que, por ejemplo, un empresario vive 10 años más que un trabajador precario. Por tanto, el alargamiento de la edad de jubilación lo que hace es obligar al trabajador precario a trabajar dos años más para que el empresario pueda cobrar sus 10 años más de pensión.

Dicen los neoliberales que actualmente el gasto en pensiones representa el 9% mientras que en 2050 supondrá el 15%, lo que resultará insostenible. Sin embargo, en 1970 este gasto representaba únicamente el 3% del PIB, pero no por haber triplicado este porcentaje el gasto actual sea insostenible, más bien al contrario puesto que la Seguridad Social incluso tiene superávit. ¿Cómo es esto posible? En buena parte por el incremento de la productividad que hace que cada trabajador genere más riqueza. Por ello, el incremento de la productividad futura hará que sea sostenible el gasto del 15% del PIB. Es más, según la estimación de V. Navarro, un incremento de la productividad del 2% anual haría que en 2050 el PIB fuera más del doble del actual por lo que aún gastando un 15% en pensiones dejaría una mayor cantidad que la actual disponible para otros gastos. Pero es más, en la actualidad el gasto en pensiones en Italia ya representa el 15% del PIB y en Francia o Austria es de casi el 14%, y no por ello han quebrado sus sistemas públicos como amenazan que sucederá en España (de hecho, si las anteriores previsiones de entidades como BBVA hubiesen sido ciertas, el sistema público español ya debería haber quebrado).

Ahora bien, lo que sucede es que el capital quiere aprovecharse íntegramente de los beneficios que conlleva el incremento de la productividad, es decir, del plusvalor que genera el trabajo. Esto es sencillamente lucha de clases y no tiene nada que ver con la demografía sino con la voluntad política. Y es aquí donde está el debate, ¿dónde queremos destinar la riqueza que genera el trabajo, a enriquecer todavía más a una minoría o a garantizar una calidad de vida digna al conjunto de la población? Mientras el PSOE, el PP, el poder económico y los organismos internacionales neoliberales (UE, FMI, OCDE) apuestan por la primera opción, desde el Partido Comunista y desde Izquierda Unida tenemos claro que siempre defenderemos los intereses de la clase trabajadora, aunque ello no “tranquilice” a los mercados.

¿Qué proponemos?

Defendemos la buena salud y sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero eso no significa que no pueda mejorarse, sobre todo en lo relativo a su componente solidario y redistributivo. Por ello, proponemos una serie de reformas encaminadas a incrementar sus ingresos y hacer más justo su gasto.
• Incrementar las cotizaciones a la seguridad social para las contrataciones temporales, de manera que además de recaudar más se promueva el empleo estable.
• Incrementar las cotizaciones de los trabajadores con un mayor salario eliminando la base tope de cotización, de manera que contribuyan más aquellos que más tienen.
• Incrementar las pensiones mínimas a la par que se reducen las máximas ya que son injustas las actuales diferencias. Nuestra apuesta es por un sistema solidario que redistribuya la riqueza por lo que no debería haber diferencias o estas tendrían que ser las menores posibles. Está muy arraigada entre los trabajadores la idea de que si un trabajador cotiza más que otro es justo que tenga una pensión más elevada. Sin embargo, una persona que más paga más impuestos no tiene preferencia en la atención médica o en la plaza de un colegio público que otra que pague menos, por lo que no tendría por qué ser diferente con las pensiones. Al fin y al cabo, tanto los impuestos como las cotizaciones lo lógico es que aporte más quien más puede pero por ello se van a tener más derechos.
• Si en un futuro no hubiera suficiente dinero con las cotizaciones, no pasaría nada por financiar las pensiones también con impuestos a través de los Presupuestos Generales, como ya sucede en algunos países, como Dinamarca.
Además de las posibles reformas que se puedan realizar en el sistema público para fortalecerlo y mejorarlo, hay un tema que también influye en las pensiones y del que los neoliberales prefieren no hablar: el número de cotizantes. Y es que no hay mejor manera de fortalecer el sistema de pensiones que incrementando el número de cotizantes, para lo cual hay que elevar la población activa, sobre todo entre las mujeres, disminuir el desempleo y combatir la economía sumergida, el fraude y la contratación mediante becas que no cotizan. Para ello, hacemos las siguientes propuestas:
• Favorecer la incorporación de la mujer a la población activa ocupada mediante medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral. Actualmente resulta muy complicado compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos o de una persona dependiente, tarea que como consecuencia del machismo que todavía existe recae fundamentalmente en la mujer. Por ello, la mejor manera de incrementar la tasa de actividad de las mujeres, además de promoviendo la distribución de tareas en el hogar, es mediante una mejora de la política social (red pública de escuelas de 0 a 3 años, flexibilidad horaria en las empresas para padres y madres, etc.)
• Incentivar la creación de empleo juvenil. ¿Qué sentido tiene elevar la edad de jubilación cuando sufrimos un 40% de desempleo juvenil? ¿No sería más lógico que los mayores lograran su merecido descanso mientras los jóvenes tienen la oportunidad de iniciar su trayectoria laboral y desarrollar así su proyecto vital con autonomía?
• Combatir la economía sumergida. Los técnicos de Hacienda estiman la economía sumergida en el 23% del PIB. Puede estimarse en 800.000 el número de trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social.
• Limitar estrictamente las subvenciones de las cotizaciones acordadas en los distintos programas de creación de empleo porque, suponiendo un enorme gasto público, se han demostrado ineficaces.
• Transformar todas las becas no estrictamente de estudios, incluidas las de la Administración, en Contratos para la Formación con la correspondiente alta en la Seguridad Social.
• Combatir radicalmente la práctica de despedir a los 11 meses para, en fraude de ley, hacer que el mes de vacaciones lo pago el Servicios Público de Empleo.
• Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, incentivando en ese caso la pensión, bajo el principio de que la jubilación y, por tanto, la pensión, es un derecho y no una obligación.

—-
1– Por “neoliberales” se entiende a aquellos que defienden los intereses del capital, es decir, partidos políticos burgueses (PP, PSOE), instituciones neoliberales (UE, FMI, OCDE…), medios de comunicación de masas, “expertos” a sueldo del poder…

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