Banca pública, impuesto sobre pagos financieros y reconvertir las exenciones a la seguridad social en créditos para el empleo, ejes de la propuestas de IU para la reforma financiera


Cayo Lara y José Antonio García Rubio esbozan la proposición no de ley que se registrará en los próximos días en el Congreso.

El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, y el secretario federal de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, adelantaron hoy algunos puntos de la iniciativa parlamentaria que prepara esta formación para abordar la restructuración del sistema financiero, que tiene aún pendiente de realizar el Gobierno del PP. La propuesta se centrará en tres ejes: creación de una auténtica Banca Pública a partir de la nacionalización de cajas de ahorro, reconversión de las diferentes subvenciones y exenciones públicas a las empresas a través de la Seguridad Social en una partida para financiar los intereses de préstamos destinados a la creación de empleo y la transformación tecnológica para la mejora medioambiental y, por último, la implantación de un impuesto sobre las transacciones financieras, igual que ya han reclamado otros países.

Lara y García Rubio detallaron en rueda de prensa el contenido de esta iniciativa, que se registrará en el Congreso de los Diputados en los próximos días con el formato de proposición no de ley.

El responsable económico federal de IU cree que una Banca Pública es la mejor manera de acabar con el “estrangulamiento del crédito, que no fluye, y que éste llegue a las pequeñas y medianas empresas, y a las familias”.

García Rubio cifró en 141.000 millones de euros el dinero destinado a ayudar a la Banca a través de ayudas directas o avales y ha criticado que, pese a que en principio debe ser devuelto, “si este dinero se hubiera dedicado a estimular la economía real habría dado unos resultados espectaculares en cuanto a creación de empleo”.

Consideró que el proceso de nacionalización tendría que cumplir los siguientes requisitos: “Sería una entidad mutualizada, es decir, que con los recursos de cada caja se financiarían los posibles dificultades que pudieran tener otras. Sería territorializada, es decir, que debería mantener su vinculación a los objetivos autonómicos de desarrollo. Además, debería estar bajo control democrático; el problema que ha habido no es tanto de falta de control por los representantes políticos de las comunidades, sino que ese control ha sido esencialmente bipartidista y ha permitido generar la serie de problemas de corrupción y de mala utilización de los fondos que hemos visto”.

Como cuarto requisito, García Rubio señaló que al ser una entidad estatal y mutualizada “debe tener un control eficiente desde el punto de vista técnico por parte del ICO y, por supuesto, del Banco de España” y, por último, es que sea “un sistema del que se excluyan las operaciones especulativas, entre ellas ni desde ni hacia los paraísos fiscales, y que tampoco se utilicen productos derivados más allá de los más elementales que pueden ayudar a su actividad normal. Debe ser una entidad desvinculada de la banca de inversión, es decir, una banca comercial centrada en los negocios de proximidad, en el apoyo a las PYMES y a las familias”.

De la implantación de un impuesto sobre las transacciones financieras que IU recogerá en su proposición no de ley sólo estarían excluidas algunas operaciones como el pago de las nóminas a los trabajadores o el pago de servicios fundamentales como el agua o la luz. El dirigente federal explica que “es un impuesto muy pequeño para quien hace una transacción en un cajero, pero muy importante para las operaciones especulativas”.

Por último, el tercer eje de la propuesta pasa por “eliminar las subvenciones que se hacen a las cotizaciones patronales a la Seguridad Social para la creación de empleo, que no ha dado ningún resultado. Con ese dinero se subvencionarían los intereses de los créditos que las instituciones bancarias concedan a las empresas, siempre y cuando se destinen a la creación de empleo o a la transformación tecnológica que permita un mejor uso de los recursos medioambientales, es decir, un desarrollo basado en la sostenibilidad medioambiental”.

José Antonio García Rubio explicó que “las ayudas dadas hasta ahora y que han fracasado tiene un volumen, según los datos que tenemos, de unos 5.000 millones de euros. Esos 5.000 millones en subvenciones darían la posibilidad de llegar a 30 ó 40 mil millones de euros en créditos y eso puede producir muchos puestos de trabajo. Esto abre una puerta, tanto en el crédito como en la inversión productiva”.

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